****Ningún partido ha salido libre de corrupción, por eso la población los desprecia y los coloca en el mismo casillero de la ignominia.
Gobernantes megalomanos saciaron su enfermiza avaricia indolentes a la pobreza de la población.
La Arquidiócesis de México propone una revisión a fondo
del juicio político contra gobernadores y la revocación de su mandato en casos
de corrupción.
A través de su semanario Desde la Fe, la Iglesia católica hace
una dura crítica a los gobiernos estatales que se han visto envueltos en la
corrupción, y de la cual ningún partido se salva.
Recientes escándalos en la administración pública de los gobiernos de los Estados confirman de nuevo el mal lacerante que agobia a México: la corrupción. Después de los procesos electorales del presente año, y en el contexto de la transición de poderes, las irregularidades salieron a flote para conocer los gravísimos delitos de quienes sólo pueden ser definidos como gobernadores feudales, déspotas y absolutistas, que se creyeron dueños de los Estados para beneficiarse a sí mismos y a sus amigos, creando redes de nepotismo y criminalidad al amparo del poder desmedido, evidenciando así el fracaso del sistema federal de contrapesos.
Una vez que la alternancia política fragmentó la hegemonía del partido único, los gobernadores tuvieron la mesa servida para dominar absolutamente. La megalomanía de estos personajes, su avaricia enfermiza, su indolencia ante la pobreza extrema de sus gobernados, los llevó a cometer abusos de todo tipo, sin que la autoridad federal –conocedora de sus actos delictivos– pusiera un freno a sus excesos de ambición que ahora tendrán que pagar y seguirán pagando por décadas los ciudadanos a los que debieron servir, y no explotar y expoliar como impunemente lo hicieron.
Y como en el viejo oeste, ahora las autoridades ministeriales anuncian recompensas por varios ex gobernadores prófugos de la justicia. Cada vez más, y con justa razón, la sociedad está harta de estos excesos, de ver cómo los políticos roban a manos llenas y burlan impunemente la ley. Ningún partido ha salido libre de corrupción, por eso la población los desprecia y los coloca en el mismo casillero de la ignominia.
En gran medida, el drama de nuestro hermanos que han tenido que emigrar a los Estados Unidos tiene su origen en la corrupción de la clase política, que no aplica los recursos para los fines que son autorizados, sino para enriquecerse obscenamente a costa de chupar la sangre de los pobres, privándolos así de la oportunidad de tener una vida digna, y obligándolos a salir a buscar en otro país lo que la corrupción les ha negado en el suyo.
Los gobernadores feudales deberían abrir nuestros ojos porque nada garantiza que en los próximos meses esto no se repita, mientras se den las siguientes transiciones de poder ante los próximos procesos electorales. Estos casos demuestran cómo la corrupción permea y son necesarios sistemas de control, de responsabilidad hacendaria honesta, coordinación fiscal eficaz y del gasto adecuado, además del ejercicio eficiente y riguroso de los recursos públicos bajo la lupa de transparencia y la rendición de cuentas. Ahora más que nunca debe revisarse la conveniencia de la revocación del mandato y la reforma total del juicio político, hoy paralizado e infectado por las complicidades partidistas.
Una vez que la alternancia política fragmentó la hegemonía del partido único, los gobernadores tuvieron la mesa servida para dominar absolutamente. La megalomanía de estos personajes, su avaricia enfermiza, su indolencia ante la pobreza extrema de sus gobernados, los llevó a cometer abusos de todo tipo, sin que la autoridad federal –conocedora de sus actos delictivos– pusiera un freno a sus excesos de ambición que ahora tendrán que pagar y seguirán pagando por décadas los ciudadanos a los que debieron servir, y no explotar y expoliar como impunemente lo hicieron.
Y como en el viejo oeste, ahora las autoridades ministeriales anuncian recompensas por varios ex gobernadores prófugos de la justicia. Cada vez más, y con justa razón, la sociedad está harta de estos excesos, de ver cómo los políticos roban a manos llenas y burlan impunemente la ley. Ningún partido ha salido libre de corrupción, por eso la población los desprecia y los coloca en el mismo casillero de la ignominia.
En gran medida, el drama de nuestro hermanos que han tenido que emigrar a los Estados Unidos tiene su origen en la corrupción de la clase política, que no aplica los recursos para los fines que son autorizados, sino para enriquecerse obscenamente a costa de chupar la sangre de los pobres, privándolos así de la oportunidad de tener una vida digna, y obligándolos a salir a buscar en otro país lo que la corrupción les ha negado en el suyo.
Los gobernadores feudales deberían abrir nuestros ojos porque nada garantiza que en los próximos meses esto no se repita, mientras se den las siguientes transiciones de poder ante los próximos procesos electorales. Estos casos demuestran cómo la corrupción permea y son necesarios sistemas de control, de responsabilidad hacendaria honesta, coordinación fiscal eficaz y del gasto adecuado, además del ejercicio eficiente y riguroso de los recursos públicos bajo la lupa de transparencia y la rendición de cuentas. Ahora más que nunca debe revisarse la conveniencia de la revocación del mandato y la reforma total del juicio político, hoy paralizado e infectado por las complicidades partidistas.
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